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Autor: Ana Álvarez, María Ruiz Carreras

Font: Periódico Diagonal

 La alimentación de niños y niñas en los colegios es un suculento negocio de miles de millones en manos de unos pocos.

“Los comedores escolares se han convertido en comederos”, se lamentaban durante el Encuentro de Comedores Escolares que se celebró en Madrid el pasado 7 de mayo. Y es que el sector se ha transformado progresivamente en un negocio para unas cuantas multinacionales, como denuncian las personas asistentes a este encuentro, que reunió a organizaciones ecologistas, asociaciones de padres y madres, laPlataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad y algunos pequeños productores e iniciativas sociales. Todos ellos reclamaban caminar hacia otros modelos de gestión.

“Tenemos que apostar por unos criterios sociales: retomar la construcción de cocinas dentro de los comedores o apostar por caterings sociales que faciliten puestos de trabajo, que favorezcan una economía local, reactiven oportunidades económicas para personas que están en desempleo, procesos de inserción laboral y acceso para el mundo rural a un mercado que actualmente está muy controlado por las grandes empresas de catering”, señala Jordi Menéndez, de VSF Justicia Alimentaria Global, una de las organizaciones participantes en las jornadas.

Un mercado en pocas manos

Las grandes empresas multinacionales han copado el mercado de la comida colectiva en el Estado, con un volumen de negocio superior a los 3.000 millones al año, según cifras del informe realizado por Amigos de la Tierra. Un negocio que en España significa dar de comer a unos dos millones de niños y niñas cada día, y en el que diez grandes empresas de catering se reparten más del 50% del pastel. Esta concentración en manos de grandes multinacionales ha sido facilitada por la propia Administración, al no contemplar la construcción de cocinas en los nuevos colegios o al sacar a concurso público los comedores en grandes lotes, lo que sólo permite que se presenten grandes empresas. “Como en estos concursos públicos se prima la cuestión económica, grandes multinacionales pueden tirar a la baja determinados costes, que luego repercuten en la calidad de los productos alimentarios, las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos”, explica aDiagonal Andrés Muñoz, del proyecto Del Campo al Cole, una distribuidora social de productores ecológicos en Madrid.

Actualmente, la normativa estatal permite tres tipos de gestión en los comedores: la gestión directa, con personal funcionario de la Administración; la indirecta, con empresas de catering o de restauración in situ, y una tercera opción, que queda más difuminada, por la que puede ser el AMPA o alguna entidad la que gestione la cocina. “En algunas comunidades esa tercera modalidad está mucho más regulada. Por ejemplo, en Extremadura se permite y favorece que sean las propias AMPA o entidades de la economía social las que gestionen las cocinas, pero eso no sucede en otras comunidades como Madrid, que, de facto, sólo permite la gestión indirecta, porque no hay personal contratado por la Comunidad”, dice Muñoz. Dentro de esta tercera fórmula se podría conseguir, incluso, un convenio entre la Comuni­dad y un ayun­tamiento por el que este último gestione directamente las cocinas. “En lugares pequeños pasa. Por ejemplo, en Catalunya hay ayuntamientos donde en las dos o tres escuelas que dependen de ellos es el ayuntamiento el que gestiona la cocina, contrata, etc.”, añade.

Bizcochos caseros peligrosos

Pero si la legislación lo permite, ¿cuáles son las trabas para que estos modelos de comedor no se pongan en marcha? El criterio económico convierte en meras subastas muchos de los concursos públicos. “En los pliegos de contratación no se establecen criterios de cercanía ni de sostenibilidad, ni ecológicos. A lo mejor la normativa no lo impide, pero, en la práctica, la regulación, la licitación, sí lo dificulta”, explica Muñoz.

La obsesión por cumplir la normativa llega a ser ridícula en muchos casos. “Cuando mi hija era pequeña me prohibieron llevar los bizcochos hechos en casa porque no tenían registro sanitario, y me dijeron que mejor era que llevara galletas Cuétara, que ésas sí los tenían”, comenta Vicky, integrante de FAPA Madrid y el proyectoEcocomedores.

Otro ejemplo de estas dificultades es el que pone Jordi Menéndez, con un proyecto de creación de una cocina pública municipal en el municipio de Orduña, en el que su organización ha realizado el acompañamiento. El proyecto articula a ayuntamiento, productores y sociedad civil, y la cocina debía prestar servicio a un colegio público, un colegio concertado, gente mayor del pueblo y varias residencias. “El colegio público nos ha prohibido la venta porque la cocina está a un lado de la calle y el colegio al otro, y para acceder a ellos tenemos que cumplir la legislación para caterings, y no la de cocina in situ. En cambio, el colegio concertado tiene la capacidad de comprarlo”. Así que la cocina municipal de Orduña abastece a todo el pueblo, incluido el colegio concertado, pero no al colegio público.

CANARIAS. El Gobierno canario implantó en 2013 un plan de comedores escolares con productos ecológicos de las islas./ ICCA

En este sentido, Charo, agricultora de COAG de un pueblo de Sevilla, se lamenta de las dificultades que encuentran los pequeños productores para acceder a los comedores con sus productos: “Nos ponen muchas trabas para vender nuestro producto directamente. Yo soy agricultora y transformadora, y me exigen unos requisitos sanitarios como si fuera una gran industria”. Paradójicamente, y como esta agricultora recuerda, ha sido en menús servidos por las grandes empresas de catering donde se han dado los mayores escándalos sanitarios en nuestro país. Ejemplos como las larvas de gorgojo encontradas en 2014 en la sopa servida en seis colegios de Castilla y León por Serunion, la multinacional con mayor facturación del sector, o una tuerca en el plato de otro alumno de Segovia servido por la misma empresa en 2015 son sólo dos de ellos.

Esta agricultora, como tantas otras, está cansada de tener que demostrar constantemente que “hace las cosas bien”, y pagar para conseguir un sello que garantice sus procesos. “El etiquetado no debería ser para productos ecológicos, sino para el producto industrial. No tiene sentido que ella tenga que pagar un dinero extra como agricultora para asegurarme de que el producto es ecológico y sostenible para el medio ambiente y mi salud. No pidamos sellos ecológicos a los pequeños agricultores y productores, que la agricultura ecológica, la de toda la vida, es la que no tiene que ser certificada. Es la industrial, química, transgénica, la que debería tener por obligación el sello, porque perjudica a mi salud”, comenta Jordi Menéndez.

No sólo ecológico

Entidades sociales y AMPA coinciden en subrayar la importancia de que se incluya lavariable de proximidad y economía social, y no sólo la de producción ecológica, dentro de los criterios a valorar en los concursos públicos. Tan sólo entre 2003 y 2008 se perdieron 124.000 empleos en el campo, mientras que en un sector tan importante como el de los comedores colectivos sólo el 2,8% de las compras se hacen en el entorno local o directamente a las personas que producen los alimentos, señalan en el informe de Amigos de la Tierra titulado Soberanía alimentaria en las mesas del colegio.

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