Autor: Paula Fernández-Wulff, Pablo Saralegui

Font: www.diagonalperiodico.net

Comienzan a observarse articulaciones de redes agroecológicas en el sur de Europa frente a la agricultura industrial y el monocultivo de gran expansión.

Desde finales de la II Guerra Mundial, la aparición de los Estados como garantes de la pujanza de sus economías impulsó la industrialización a través de la inversión pública en sectores estratégicos, subyugando todo a la lógica productivista.(Foto: Huerto comunitario Las Adelfas, Madrid. / ÁLVARO MINGUITO)De entre los varios sectores afectados, la agricultura y la alimentación aplicaron los modelos tayloristas cayendo en la lógica de acumulación capitalista en los procesos de producción y distribución agroalimentaria. Esto desembocó en elempoderamiento de dos eslabones clave de la cadena agroalimentaria por encima del resto: la industria de fabricación de inputs agrícolas, y la industria de transformación y distribución alimentaria.

Con la llegada del proyecto globalizador, la ingeniería financiera se incorporó a los distintos sectores económicos, desplazando así el papel que los Estados jugaban en sus economías.

La interconexión entre distintos lugares del mundo por la facilidad de transporte que los combustibles fósiles generaron, junto con la capacidad del sector financiero de manejar el funcionamiento del resto de sectores, permitieron a grandes empresas expandirse cada vez más, dándose un proceso de concentración de mercados.

Con ello, fueron creándose oligopolios que garantizaron su estatus por los pactos comerciales suscritos por la mayoría de los países al calor de los tratados de la Organización Mundial del Comercio, en donde las legislaciones de los países ya no dependían del poder democrático de los parlamentos, sino de las decisiones tecnocráticas asociadas a dichos tratados.

Para el caso de la agroalimentación, a través de la externalización de los impactos socio-ambientales por el incremento en la productividad y la especulación con commodities, estos dos eslabones fortalecidos resultaron en el incremento de la producción agrariaorientada a la exportación,con leves impactos en la capacidad de alimentarse de la población.

Este desarrollo histórico es determinante en el hecho de que derivar la cuestión del hambre mundial hacia un debate sobre la producción de alimentos no basta para abordar el problema, e incluso resulta contraproducente en un escenario globalmente mercantilizado.

Achacar el reto de acabar con el hambre a factores tecnológicos, más allá de la voluntad política, es laexcusa perfecta para la excesiva tecnificación de los procesos de producción, la intensificación por encima de los ritmos biológicos de los agroecosistemas, y el reforzamiento de la I+D en esta línea.

Pero si el hambre se resolviera aumentando la cantidad neta de alimentos, el problema se habría resuelto hace tiempo. Amartya Sen ya demostró hace veinte años que el problema no está en la cantidad de alimentos, sino en la disponibilidad, y en esto la elección política del modelo de desarrollo agrícola es clave.

La crisis mundial del precio de los alimentos en 2007-2008 fue un gran tirón de orejas para gobiernos y organizaciones internacionales. A partir de este momento, se volvió a entender la importancia crucial de la agricultura en la realización del derecho a la alimentación.

Este derecho humano, muy pocas veces comprendido y menos aún implementado, está sin embargo reconocido por tratados internacionales (entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), Constituciones de numerosos países, y leyes marco.Según palabras del antiguo Relator Especial del Derecho a la Alimentación:

“El derecho a la alimentación no es el derecho a una mínima ración de calorías, proteínas y otros nutrientes específicos, o el derecho de una persona a ser alimentada. Se trata de que se garantice el derecho de todo individuo a poder alimentarse por sí mismo, lo que supone no sólo que los alimentos estén disponibles –que la proporción de la producción sea suficiente para toda la población– sino también que sea accesible –esto es, que cada hogar pueda contar con los medios para producir u obtener su propio alimento”.

Y ello no solamente por tratarse de una obligación del Estado, sino también por su propio interés: el aumento de los precios de los alimentos se encontró entre las causas de las revoluciones ciudadanas en el Norte de África y Medio Oriente entre 2008 y 2011. Parece claro pues que se trata de un derecho humano que todos los Estados deberían querer respetar, proteger y cumplir. En lo que difieren es en el cómo.

A un lado del espectro se encuentra la respuesta dada por la agricultura industrial, que se caracteriza por el monocultivo de gran expansión, la producción de las mismas variedades en el mismo terreno año tras año mediante el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, y la acumulación de beneficio.El monocultivo, introducido a través de la selección de cultivos de alto rendimiento y palatabilidad, ha sacrificado las formas de resistencia natural en beneficio de la productividad. Uno de los muchos problemas del monocultivo es que no tiene los mecanismos ecológicos de defensa contra brotes de plagas, ya que afecta negativamente a los enemigos naturales.

A pesar de que determinadas formas de biotecnología prometen futuras mejoras en la agricultura, su control por empresas transnacionales hace que resulte incompatible con la sustentabilidad ecológica, social y económica de los pequeños agricultores, los cuales representan alrededor del 80% en lugares como Asia o África subsahariana.

A nivel mundial, agricultores que cultivan en menos de 10 hectáreas producen el 70% de la comida que consumimos –en el caso del cacao, por ejemplo, esta cifra es del 90%. De hecho, de los aproximadamente 500 millones de pequeños agricultores que existen en el mundo, el 85% opera en terrenos de menos de dos hectáreas.

Ante este modelo industrializado de producción de mercancías que no hace sino ser uno de los mayores contaminantes a nivel global, los movimientos anti-globalización defienden, en lo que a agroalimentación se refiere, proyectos de transformación radical en la manera de producir, consumir y vivir.

Esta respuesta trata de alcanzar la sostenibilidad dentro del proyecto político de la soberanía alimentaria, energética y tecnológica, que se persigue implementando la agroecología. Ésta es puede entender como “una ciencia, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Esta triple caracterización hace de ella una visión diametralmente opuesta a la llamada agricultura convencional o industrial, que sin embargo ha sido utilizada para supuestamente transformar la realidad del hambre en el mundo”.

Sin menospreciar a los fuertes movimientos procedentes de Latinoamérica, donde su capacidad de articulación-descentralización ha permitido alcanzar conquistas puntuales contra el proyecto globalizador, comienzan a observarse articulaciones de este tipo en el sur de Europa, como es el caso de España.

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